El año pasado, Bogotá afrontó una de las crisis por agua más fuerte de su historia, debido al fuerte verano que, además de sequía, produjo múltiples incendios forestales.
Frente a este panorama, la alcaldía decidió implementar medidas como el racionamiento de agua, con el objetivo de no poner en riesgo el suministro del líquido. Sin embargo, dicha crisis fue superada y la restricción fue levantada.
Pese a que hace meses se normalizó la situación con el agua, la ciudad aún estaría expuesta a un nuevo racionamiento en 2026. Así lo advirtió el concejal Marco Acosta durante un debate de control político sobre seguridad hídrica, en el que expuso varios factores que, de no ser atendidos a tiempo, pondrían en riesgo el suministro para millones de personas en la ciudad y municipios vecinos.
Acosta sostuvo que la mejoría que se ha visto en los últimos meses no debe interpretarse como una solución definitiva, pues, según él, la ciudad sigue dependiendo en exceso del Sistema Chingaza.
Dependencia del Sistema Chingaza y señales de alerta
Uno de los principales puntos del debate fue la alta dependencia del abastecimiento en el Sistema Chingaza, que provee cerca del 70 % del agua potable que consume Bogotá. Según los datos presentados por el concejal, este sistema registra un nivel promedio cercano al 67 % de su capacidad, con una tendencia descendente, pese a atender diariamente a más de seis millones de personas.
Acosta señaló que confiar en las lluvias que caen en la ciudad puede ser un camino equivocado, ya que el comportamiento climático en el Parque Nacional Natural Chingaza no siempre es el mismo que el de la capital.
“Bogotá no puede seguir esperando a que llueva. La recuperación temporal de los embalses no garantiza seguridad hídrica. Si no se toman medidas preventivas hoy, en 2026 podríamos enfrentar nuevamente racionamientos”, afirmó el concejal.
Robo de agua: un problema que agrava la crisis
Otro de los aspectos que encendió las alertas fue el aumento del hurto de agua en la ciudad. Esta práctica ilegal, además de generar pérdidas económicas, afecta la presión del servicio y debilita la infraestructura del Acueducto de Bogotá.
Las cifras compartidas muestran un incremento del 66 % en los procesos penales por defraudación de fluidos durante 2025. En el mismo periodo, el las pérdidas por este fraude pasaron de $9.159 millones en 2024 a $16.582 millones. Solo en noviembre de 2025, se gestionaron más de $4.181 millones por agua no registrada, mientras que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá logró recuperar seis millones de metros cúbicos de agua, un 48 % más que el año anterior.
Fontibón, Teusaquillo, Barrios Unidos, Kennedy y Engativá figuran entre las localidades con mayor número de estos casos, asociados a prácticas como conexiones irregulares, manipulación de medidores y venta ilegal de agua.
“Mientras millones de bogotanos ahorraban agua durante el racionamiento, unos pocos se la robaban. Eso es inaceptable y debe enfrentarse con más control y sanciones ejemplares”, señaló Acosta.
Concejal pide fortalecer los controles
El concejal también cuestionó la ausencia de una matriz de riesgo hídrico, los retrasos en proyectos de reutilización de aguas lluvias y residuales, y la falta de una estrategia clara frente al crecimiento urbano y los nuevos desarrollos de vivienda.
En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer el control contra el robo de agua, reducir las pérdidas técnicas en redes con más de cuatro décadas de antigüedad, diversificar las fuentes de abastecimiento y avanzar hacia una planeación preventiva con enfoque regional.
“La seguridad hídrica no se improvisa. O actuamos ahora con decisiones técnicas, control real y corresponsabilidad ciudadana, o Bogotá volverá a abrir la llave y no encontrar agua”, concluyó el concejal Marco Acosta.