En medio de los operativos que adelanta la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en las principales vías del país, junto a la Policía Nacional de Colombia, es común ver decomisos de madera por transporte ilegal. Sin embargo, muchos ciudadanos se hacen la misma pregunta: ¿qué pasa con todo ese material incautado?
Lejos de quedarse almacenado sin uso, esa madera termina teniendo una segunda vida. Hoy, lo que antes era producto de actividades ilegales se está transformando en obras que benefician directamente a comunidades en distintos municipios y territorios indígenas.
¿Qué pasa con la madera decomisada por la CAR en Colombia?
El proceso inicia en el Centro de Atención y Valoración de Flora (CAV), ubicado en Mosquera, un espacio que ya completa 10 años de funcionamiento y que se ha convertido en uno de los más grandes y modernos del país en su tipo.
Este lugar fue creado bajo lo establecido en la Resolución 2064 de 2010, que exige a las autoridades ambientales contar con sitios adecuados para el manejo de flora decomisada. Allí llega la madera que es retenida durante operativos, principalmente por no contar con permisos o salvoconductos exigidos por la ley.
Actualmente, en el CAV hay cerca de 902 metros cúbicos de material forestal, resultado de controles realizados por la CAR y sus 14 direcciones regionales. Cada caso está ligado a un proceso sancionatorio ambiental, lo que garantiza trazabilidad y control sobre el recurso.
En este centro no solo se almacena la madera. Un equipo técnico especializado se encarga de su manejo bajo condiciones adecuadas, asegurando su conservación para que posteriormente pueda ser reutilizada de manera legal y responsable.
Madera incautada se convierte en obras públicas y ayuda a comunidades
La transformación ocurre gracias a convenios interadministrativos que lidera la CAR. A través de estos acuerdos, la entidad entrega la madera a alcaldías y resguardos indígenas, garantizando que su uso esté destinado a proyectos de interés social.
Entre los beneficiarios se encuentran municipios como Chiquinquirá, Pacho, Tena, Puerto Salgar y Cabrera, además del Cabildo Indígena Muisca de Chía y el Resguardo Indígena de Cota.
Con este material se desarrollan obras de mitigación del riesgo, así como el mejoramiento y reforzamiento de estructuras de uso público, impactando de manera directa a las comunidades.
Las cifras reflejan el alcance de esta estrategia. En una década, el CAV de Flora ha recibido cerca de 1.177 metros cúbicos de madera, una cantidad suficiente para construir más de 50 viviendas de entre 100 y 120 metros cuadrados.
Además de su función operativa, este centro también cumple un papel clave en la formación técnica. Es visitado por entidades del Sistema Nacional Ambiental, universidades y organismos de investigación, y sirve como espacio de capacitación para autoridades ambientales, Fuerza Pública y profesionales del sector forestal.
Así, la madera que antes era incautada por incumplir la ley hoy termina convertida en soluciones reales para las comunidades, demostrando que el control ambiental también puede generar desarrollo y oportunidades en los territorios.