El decreto de la alcaldía Mayor de Bogotá que ajustó al precio del pasaje de Transmilenio en la ciudad sigue generando inconformidades para algunos sectores sociales y políticos del Distrito.
A más de 15 días de haber empezado a regir la nueva normativa, la representante a la Cámara por Bogotá María Fernanda Carrascal y el concejal José Cuesta interpusieron una demanda ante un juzgado administrativo del Circuito de Bogotá contra este Decreto Distrital (007 del 13 de enero de 2026).
Según la acción judicial, este decreto enfrenta un aumento injustificado en el costo del servicio, donde según ellos, no existió una demostración clara, verificable que explique cómo factores como la inflación, el aumento del propio salario mínimo y los costos operativos del sistema, condujeron a que se eleve el precio del pasaje a 3.550 pesos.
"No hay estudios públicos completos, no hay transparencia suficiente y no se ofrece una justificación técnica seria que respalde trasladar una nueva carga económica a la ciudadanía": indicó el comunicado reciente de la representante Carrascal y el concejal José Cuesta.
Pese a que el Distrito anunció que este año continuaría la entrega de pasajes gratis para diversas poblaciones entre ellas, personas mayores de 62 años, los hogares en extrema pobreza y con discapacidad, la acción judicial sostiene que, aparentemente, "no se analizó de manera responsable el uso del Fondo de Estabilización Tarifaria".
"No se priorizó la eficiencia operativa del sistema ni se avanzó en una mejor focalización de los subsidios": añade uno de los apartes de la demanda.
Aunque algunos usuarios justificaron el incremento del precio del pasaje conforme al aumento del salario mínimo, otros expresaron total desacuerdo. Sin embargo, desde el momento en que empezó a regir el nuevo ajuste tarifario la normativa tiene respirando en la nuca a muchos sectores sociales y políticos, entre ellos el propio presidente de la República, Gustavo Petro, quien le pidió recientemente al alcalde mayor bajar el precio del pasaje.