Más que amparar los derechos de todos los recicladores de la capital, lo que busca la Contraloría de Bogotá es que se analice de fondo si, en medio del cambio del modelo de basuras para la ciudad, previsto para finales de este mes, no se presenten riesgos fiscales y tarifarios en el marco de la prórroga reciente que anunció la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.
A poco tiempo de cambiar este modelo, la UAESP ya tiene “respirándole en la nuca” a la Contraloría de Bogotá. Cabe recordar que el esquema vigente de aseo de la ciudad culminaría este mes para dar paso a la implementación de un nuevo modelo de basuras.
La prórroga del modelo actual de basuras tuvo que ver con una resolución expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante la cual se alargó este esquema, pese a que el Distrito estaba al borde de cambiarlo.
En esta resolución, (que es la 1027 de 2026), se estableció un “régimen transitorio y excepcional” para Bogotá, donde la prórroga permitió que se cumpliera con la protección de los derechos de los recicladores.
Sin embargo, la orden había sido dada bajo una sentencia de la Corte Constitucional que protegió los derechos de esta población y ordenó que, en el nuevo modelo de basuras, se incluyera a este sector, puntualmente en los procesos contractuales relacionados con el aseo de la ciudad.
¿Qué busca la Contraloría de Bogotá frente al nuevo modelo de basuras?
Por un lado, su criterio se basa en que se cumplan los lineamientos de la Corte Constitucional orientados a la defensa de los recicladores de la ciudad.
Por otro lado, ¿qué advierte? Que exista transparencia en materia fiscal dentro del proceso que transformará el modelo de basuras vigente.
"De no estructurarse adecuadamente, podrían derivar en doble remuneración de activos ya amortizados, en detrimento del interés general y de los usuarios": advierte el órgano fiscal capitalino.
El propio contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga Morillo, resaltó que, en caso de estructurarse un nuevo modelo de prestación del servicio, se debe garantizar la no regresividad de los derechos de la población recicladora y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la jurisprudencia constitucional. A su vez, el órgano de control anunció que vigilará los recursos públicos que haya lugar en este proceso.
"La recolección y disposición adecuada de residuos es un servicio público esencial para la salud, el ambiente y la calidad de vida en la ciudad, por lo que su continuidad, eficiencia y calidad deben ser una prioridad inaplazable para las autoridades y los operadores, siempre en beneficio de la ciudadanía": concluyó la Contraloría de Bogotá.
Recicladores en Bogotá: cuántos son y por qué su labor es clave
Según cifras de la UAESP, la ciudad cuenta con más de 21.000 recicladores de oficio, fundamentales para la gestión de residuos y la protección del medio ambiente.
Organizados en asociaciones como la ARB, trabajan en el aprovechamiento de materiales. Sin embargo, los ciudadanos pueden apoyar su labor separando los residuos en casa y entregándolos directamente o mediante la línea 110.