La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) salió al paso de las denuncias que circulan en redes sociales sobre el cobro de $276.000 por el cambio de medidores de agua y rechazó categóricamente los señalamientos de presuntas irregularidades en el programa de renovación de equipos.
A través de un video institucional, la empresa defendió el proyecto para reemplazar más de 300.000 medidores en Bogotá y afirmó que las acusaciones sobre supuestos negocios irregulares o sobrecostos carecen de sustento.
“Acá no hay ningún robo. Generar polémica de manera irresponsable en redes sociales sin ningún sustento es muy fácil”, señaló la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño.
¿Por qué están cambiando los medidores?
Según el Acueducto, la renovación hace parte de una estrategia para reducir las pérdidas de agua y mejorar la precisión en la medición del consumo.
La entidad explicó que Bogotá pierde cerca del 33 % del agua que produce y que buena parte de ese problema corresponde a pérdidas comerciales asociadas a medidores antiguos o inexactos.
“Buena parte de esas pérdidas comerciales se debe a la inexactitud en la medición por medidores viejos que no registran adecuadamente los consumos”, indicó Avendaño.
La EAAB recordó además que la crisis hídrica de Chingaza en 2024 evidenció la necesidad de fortalecer las estrategias para proteger el recurso.
¿Quién paga los $276.000?
Uno de los puntos más debatidos ha sido el costo del cambio de medidor.
La empresa explicó que el usuario paga el valor correspondiente al equipo, la instalación y los accesorios que eventualmente se requieran.
“El usuario solo paga el precio del medidor, su instalación y los accesorios que eventualmente podrían requerirse. No trasladamos utilidad al usuario”, aseguró la entidad.
Además, precisó que cualquier ciudadano puede adquirir su propio medidor siempre que cumpla con las especificaciones técnicas exigidas por la EAAB.
Acueducto dice que la ley obliga a asumir ese costo
La entidad sostuvo que el cobro no es una decisión arbitraria sino una obligación establecida por la normativa vigente.
Según la empresa, la Ley 142 de 1994 y el Decreto 1077 de 2015 determinan que el costo del medidor debe ser asumido por el usuario del servicio y no puede incorporarse dentro de las tarifas de acueducto.
“La regulación vigente establece que el costo del medidor debe ser cubierto por el usuario de los servicios públicos domiciliarios”, indicó la EAAB.
Respuesta a señalamientos sobre contratación
La empresa también respondió a las críticas relacionadas con la contratación del programa, que contempla inversiones cercanas a $145.000 millones.
Frente a las acusaciones de contratos adjudicados a dedo, la EAAB afirmó que el proceso incluyó consultas al mercado, invitaciones a proveedores, mesas técnicas y evaluación de requisitos.
“Invitamos a 30 proveedores, respondieron 8 con 14 empresas. Verificamos requisitos, hicimos mesas técnicas, pedimos ofertas y contratamos con quienes cumplieron”, explicó la Avendaño.
Asimismo, aseguró que toda la documentación contractual se encuentra publicada en los canales oficiales y en la plataforma SECOP II.
¿Qué pasó con el consorcio Baylan?
Otro de los cuestionamientos se dirigió al Consorcio Baylan, responsable del contrato más grande del programa.
Las críticas surgieron luego de que se señalara que la dirección registrada en documentos oficiales corresponde a una vivienda residencial.
Frente a esto, la EAAB respondió que un consorcio no se evalúa por su domicilio físico sino por su capacidad técnica, experiencia y respaldo financiero.
“Un consorcio no tiene personería jurídica propia. Las capacidades se prueban con RUT, estados financieros y experiencia, no con un domicilio”, señaló.
EAAB rechaza ataques contra funcionarios
Al final de su pronunciamiento, la empresa rechazó los calificativos utilizados en algunas denuncias públicas contra trabajadores de la entidad y defendió la transparencia del proceso.
“No se puede convertir el agua de ocho millones de personas en plataforma de campaña”, afirmó la EAAB.
La entidad insistió en que los contratos son públicos, que los procesos pueden ser consultados por cualquier ciudadano y que el objetivo del programa es mejorar la medición del consumo para enfrentar las pérdidas de agua que afectan a la capital.
La controversia continúa mientras sectores críticos solicitan investigaciones de organismos de control y la EAAB mantiene su posición de que el programa de renovación de medidores cumple la ley, responde a necesidades técnicas y no representa ningún esquema irregular de contratación