El acceso de niñas, niños y adolescentes de la comunidad Emberá a servicios de salud, protección y atención social quedó en riesgo, luego de que voceros del resguardo impidieran el ingreso de equipos distritales a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, en el norte de Bogotá. Así lo denunció el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, a través de sus redes sociales, alertando sobre una situación que calificó como “grave y preocupante” por sus efectos inmediatos sobre la niñez indígena.
Según la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Salud, en la mañana del 5 de febrero los equipos técnicos de ambas entidades fueron bloqueados al intentar ingresar al asentamiento, donde actualmente reside población Emberá en proceso de acompañamiento estatal. El cierre impidió la prestación habitual de servicios esenciales, afectando de manera particular a menores de edad, quienes dependen de estas atenciones diarias.
Bloqueo habría sido condicionado a exigencias de contratación
De acuerdo con la información entregada por el Distrito, el bloqueo surgió luego de que algunos voceros de la comunidad exigieran la contratación directa de personas Emberá como condición para permitir el ingreso de los equipos institucionales. Para la administración, esta solicitud constituye una forma indebida de presión que vulnera derechos fundamentales, especialmente los de la infancia, cuya garantía —recordaron— no es negociable bajo ninguna circunstancia.
La Alcaldía recalcó que condicionar la atención a exigencias particulares desconoce lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, que declara prevalentes los derechos de los niños y establece que deben ser protegidos por la familia, la sociedad y el Estado.
Una relación que venía siendo dialogada
Las entidades distritales explicaron que la presencia institucional en la UPI La Florida ha sido permanente, con un enfoque de acompañamiento y prevención de vulneraciones. La oferta de servicios —que incluye salud, atención psicosocial, alimentación, jardines infantiles y programas especializados para menores— se había desarrollado en un marco de respeto por los usos y costumbres del pueblo Emberá.
Incluso, un día antes del bloqueo, el 4 de febrero, funcionarios de Integración Social socializaron con los voceros toda la oferta disponible para niñas, niños y adolescentes, incluido el programa Atrapasueños y los servicios de primera infancia. Sin embargo, pese a los espacios de diálogo, se anunció que el ingreso sería bloqueado si el Distrito no accedía a las solicitudes de contratación.
Angulo: “Los derechos de los niños no son transables”
Roberto Angulo reiteró —como en denuncias previas sobre hechos similares ocurridos en 2025— que los derechos de niñas, niños y adolescentes “no son negociables ni transables”. El Distrito advirtió que este tipo de bloqueos expone a los menores a riesgos adicionales derivados de la falta de acceso a educación, salud, alimentación y acompañamiento psicosocial, esenciales para su desarrollo.
La Administración insistió en que este escenario no solo afecta la continuidad de los servicios, sino que también agrava las condiciones ya frágiles en las que viven muchas familias Emberá durante sus procesos de tránsito y reubicación.
Distrito rechaza cualquier acción que limite la atención
Frente a lo ocurrido, la Alcaldía de Bogotá rechazó “de manera enfática” cualquier acción que limite o impida el acceso de la población —y especialmente de la niñez— a servicios sociales y de salud. Subrayó que la garantía de derechos no puede ser objeto de presión ni condicionamientos.
Además, recordó que los equipos técnicos permanecerán disponibles para reanudar la atención en cuanto existan las condiciones de seguridad y acceso.
¿Denuncias en curso?
Aunque el Distrito no ha confirmado una denuncia penal específica por el bloqueo del 5 de febrero, hechos similares durante 2025 sí llevaron a la Secretaría de Integración Social a radicar acciones legales contra voceros Emberá que impidieron la atención de menores en el Parque Nacional. En aquella ocasión, la administración sostuvo que estos bloqueos podrían configurar delitos como constreñimiento ilegal.
Fuentes internas aseguran que la situación actual está siendo evaluada jurídicamente y que no se descartan medidas adicionales si se persiste en impedir el acceso de los equipos sociales.