La discusión sobre el uso de cilindros de gas por parte de vendedores informales en el espacio público sigue en el centro del debate en Bogotá. En entrevista con Alerta Bogotá 104.4 FM, el exdirector del Instituto para la Economía Social (IPES), Alejandro Rivera Camero, se refirió a la vigencia de la Resolución 1183 de 2020 y a los argumentos que han surgido desde la alcaldía para restringir esta práctica.
Rivera explicó que la norma fue expedida durante la pandemia con el objetivo de regular condiciones sanitarias y de seguridad, y no como una prohibición absoluta. Señaló que una parte significativa de los vendedores informales se dedica a la venta de alimentos y que, dentro de ese grupo, varios utilizan cilindros de gas como herramienta de trabajo. Según indicó, una prohibición total habría tenido un impacto directo sobre miles de personas que dependen de esta actividad para su sustento.
“Cuando se analizó que una medida de ese tipo dejaba sin trabajo a más de 30.000 personas en Bogotá, la resolución tuvo que ser modificada y se establecieron condiciones claras para poder permanecer en el espacio público”, afirmó Rivera.
Alcances de la regulación vigente sobre cilindros de gas
La Resolución 1183 de 2020 fija requisitos específicos para el uso de cilindros de gas en el espacio público. Entre ellos, que el cilindro no supere las 40 libras, que se encuentre en buen estado, sin corrosión ni abolladuras, y que cuente con válvulas verificadas. Además, se establece la necesidad de inspecciones por parte de entidades como el Cuerpo Oficial de Bomberos y organismos de gestión del riesgo.
Rivera sostuvo que el debate actual se ha centrado en el riesgo potencial que representan los cilindros, sin que exista un respaldo estadístico que evidencie una recurrencia de accidentes de este tipo en el espacio público. En la entrevista señaló que, tras revisar información, los casos registrados son aislados y no permiten concluir que se trate de un riesgo permanente o generalizado.
“No estamos hablando de algo que ocurra todos los días. Si uno revisa históricamente cada cuánto se presenta un evento de este tipo, se encuentra con que no es frecuente y que, además, es prevenible con control e inspección”, afirmó Rivera.
Responsabilidad, control e inspección en el espacio público
Uno de los puntos abordados durante la entrevista fue la responsabilidad en caso de un eventual accidente. Frente a esto, Rivera explicó que la discusión debe centrarse en la prevención y en el cumplimiento de las normas existentes, más que en supuestos. Indicó que, como ocurre con otros usos del gas en zonas residenciales, la responsabilidad recaería sobre quien hace uso del cilindro.
“El enfoque no puede ser partir de escenarios que no han ocurrido para justificar una prohibición. Lo que corresponde es inspección, vigilancia y cumplimiento de la regulación que ya existe”, manifestó en Alerta Bogotá 104.4 FM.
El exfuncionario también señaló que el debate sobre los cilindros se suma a otros argumentos que históricamente se han utilizado en procesos de recuperación del espacio público, como la inseguridad o el microtráfico. En su opinión, la discusión de fondo gira alrededor de la organización del espacio público y de la necesidad de armonizarla con el derecho al trabajo.
Organización del espacio público y alternativas para los vendedores
Durante la entrevista, Rivera Camero se refirió a los diálogos adelantados con vendedores informales durante su paso por la administración distrital. Recordó que existe un sistema de representación de los vendedores, establecido mediante acuerdo de ciudad, que busca facilitar la organización, la pedagogía y el cumplimiento de normas en el espacio público.
Según explicó, los vendedores reconocen la necesidad de mantener condiciones mínimas de orden, como permitir el tránsito de peatones y conservar la limpieza, pero también insisten en permanecer en zonas donde exista flujo de personas, ya que de ello depende su actividad económica.
Rivera planteó que, más allá de las restricciones, se requieren políticas orientadas a la formalización, el acceso al crédito y la creación de cooperativas, como alternativas para reducir prácticas como el crédito informal y fortalecer la economía popular. A su juicio, cualquier medida que implique la salida de vendedores del espacio público debe ir acompañada de una oferta institucional que garantice el derecho al trabajo.
“La responsabilidad de garantizar el derecho al trabajo es del Estado. El espacio público se debe organizar, pero esa organización tiene que ir acompañada de alternativas reales para quienes dependen de él”, concluyó.