La minería ilegal sigue encendiendo las alertas en varias regiones del país, no solo por su carácter ilícito, sino por las graves consecuencias que deja en el medio ambiente.
Esta práctica afecta directamente el suelo, contamina fuentes hídricas, destruye la cobertura vegetal y transforma por completo el paisaje, poniendo en riesgo tanto los ecosistemas como la calidad de vida de las comunidades.
Por ello, las autoridades volvieron a dar un golpe contundente contra este delito en Boyacá, donde un operativo dejó al descubierto una explotación clandestina de carbón que ya fue intervenida.
Cayó mina ilegal de carbón en Boyacá: así fue el operativo y las capturas
En zona rural del municipio de Ráquira, un operativo liderado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca permitió ubicar una mina de carbón que operaba sin permisos.
La acción fue ejecutada tras varios días de planeación estratégica por la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental (UIGA), en articulación con el Batallón de Infantería Sucre del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia y la Policía.
Al llegar a la vereda Firita Peña Arriba, las autoridades sorprendieron a tres personas realizando labores de extracción subterránea de manera mecanizada. Dos de ellas se encontraban dentro del socavón y salieron minutos después, lo que permitió confirmar la actividad ilegal en flagrancia.
De inmediato, se procedió con la captura de los presuntos responsables, quienes fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su judicialización.
Durante la inspección, y mediante el uso de tecnología especializada, se evidenció que la bocamina no estaba contemplada dentro del Plan de Trabajo y Obras (PTO) ni contaba con Plan de Manejo Ambiental (PMA), requisitos obligatorios para este tipo de actividad, lo que confirma su carácter ilegal.
Minería ilegal en Boyacá: los graves daños ambientales que dejó la explotación
El recorrido técnico dejó en evidencia un impacto ambiental significativo en la zona intervenida. Uno de los daños más notorios se registró en el suelo, donde se perdió la capa orgánica en un área aproximada de 0,23 hectáreas, debido a la instalación de infraestructura necesaria para la operación minera.
En el lugar se identificaron construcciones como la bocamina, una caseta para el malacate, torre de descargue, patio de maniobras y una escombrera, elementos que alteraron completamente las condiciones naturales del terreno.
La afectación también alcanzó la vegetación nativa. Según los expertos, en este punto se habría eliminado cobertura vegetal compuesta por especies propias de la región como tuno esmeraldo, uva camarona, chilca, hayuelo, cucharo, frailejones y angelitos, entre otras, lo que representa un golpe directo a la biodiversidad.
A esto se suma el deterioro visual del entorno, con cambios evidentes en el paisaje por la intervención humana, generando un contraste negativo frente a las áreas naturales cercanas.
Frente a este panorama, desde la CAR su director, Alfred Ignacio Ballesteros, reiteró que no habrá permisividad con este tipo de prácticas, al señalar que la minería ilegal provoca una afectación grave a los recursos naturales y a las comunidades.
Como medida inmediata, se ordenó la suspensión total de las actividades en el sitio, mientras avanzan los procesos judiciales. Las autoridades insistieron en que continuarán los operativos para frenar estos hechos y enviaron un mensaje contundente: quien atente contra el medio ambiente deberá responder ante la ley.