El escándalo de las monitoras coladas en TransMilenio dio un giro que nadie veía venir. Lo que empezó como un debate de cultura ciudadana terminó destapando, según una denuncia, una realidad laboral que dejó a muchos con la boca abierta. El influenciador Munir Cárdenas reveló que las dos mujeres virales serían monitoras de rutas escolares vinculadas a la Secretaría de Educación de Bogotá, con contratos que no llegan ni a medio salario mínimo.
La denuncia no busca justificar que se hayan colado —eso lo dejó claro—, pero sí poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo se le exige ejemplo a quien trabaja en condiciones precarias?
El contrato que desató la polémica
Munir aseguró que tuvo acceso a un contrato suministrado por una compañera de trabajo de las monitoras. Según lo expuesto, las mujeres reciben menos de la mitad de un salario mínimo, sin prestaciones sociales, sin auxilio de transporte y con pagos variables según el número de recorridos.
“Ser contratista de Bogotá en esas condiciones es una porquería”, afirmó Cárdenas, al describir lo que, según él, viven quienes acompañan a niños en buses escolares.
De acuerdo con la información difundida, las monitoras no tienen salud, pensión ni ARL asumidas por el empleador, y deben cubrir estos costos por su cuenta, pese a que realizan una labor diaria de cuidado y acompañamiento.
Más trabajo, menos pago
Uno de los puntos que más indignación generó fue el esquema de pago por recorridos. En el documento mostrado por Munir se observa que, entre más recorridos hace la monitora en el día, menos le pagan por cada uno.
“Lo más absurdo es que por cada recorrido adicional le van pagando menos”, dijo el influenciador, cuestionando un modelo que, según él, castiga al trabajador que más cumple.
Las imágenes difundidas en redes muestran una tabla donde el valor por recorrido baja progresivamente, algo que muchos calificaron como ilógico y desmotivante.
Cultura ciudadana vs. realidad laboral
Munir fue enfático en marcar distancia entre la falta cometida y la denuncia laboral. “Yo rechazo rotundamente a los colados del sistema TransMilenio y estoy de acuerdo con la sanción”, aseguró. Sin embargo, inmediatamente apuntó al Distrito.
“Aquí culpo a la Secretaría de Educación de Bogotá por este terrible contrato”, afirmó, señalando una contradicción: el Estado exige al ciudadano cumplir normas, pero no garantizaría condiciones mínimas a quienes contrata.
Para el influenciador, el debate no es solo si alguien se coló, sino por qué alguien en esa situación llega a tomar esa decisión.
¿Quién cuida a los que cuidan?
Las monitoras escolares cumplen una función clave: acompañar y proteger a niños durante los trayectos diarios. Pese a eso, según la denuncia, sus condiciones laborales estarían lejos de lo que se entiende como trabajo digno.
“Aquí no solo es luchar por la cultura ciudadana, sino también por salarios y condiciones que permitan vivir con dignidad”, concluyó Munir.
Un debate que va más allá del torniquete
El caso abrió una discusión más profunda en redes y opinión pública. ¿Puede el Distrito exigir ejemplo cuando hay personas trabajando por menos de medio mínimo y sin seguridad social? ¿Dónde queda el discurso de equidad y formalización laboral?
Las sanciones por colarse siguen su curso, pero el foco ahora está en otro lado: los contratos. La pelota quedó en la cancha de la administración distrital, que deberá aclarar si estas condiciones son reales y, sobre todo, si son aceptables.
Mientras tanto, el debate sigue creciendo. Para muchos, este no es solo un caso de torniquetes saltados, sino una radiografía incómoda de cómo se contrata a quienes están en la base del sistema.