Mientras a los ciudadanos de a pie les llegan fotomultas, intereses y embargos por no pagar un comparendo a tiempo, en el Distrito se destapó una situación que dejó a más de uno rascándose la cabeza. El concejal Rubén Torrado reveló que varios altos funcionarios de la Alcaldía de Bogotá tienen multas de tránsito sin pagar, algunas por montos que superan varios millones de pesos.
La denuncia salió a la luz durante una sesión del Concejo de Bogotá , donde Torrado puso sobre la mesa un listado obtenido del SIMIT, en el que aparecen directores, alcaldes locales y altos consejeros con cuentas pendientes ante diferentes secretarías de movilidad del país. La pregunta que quedó flotando fue directa: ¿cómo se le exige cumplimiento al ciudadano si desde arriba no dan ejemplo?
Funcionarios del Distrito en mora con multas de tránsito
Según el concejal, las infracciones no son antiguas ni heredadas de cargos pasados. Todas las multas fueron impuestas cuando los funcionarios ya estaban posesionados, y en días hábiles laborales. Es decir, no se trata de errores juveniles ni descuidos del pasado.
“Quienes deberían caracterizarse por dar ejemplo a los más de ocho millones de bogotanos no han pagado sus multas. No es justo que personas con altos salarios y beneficios por sus cargos estén en mora”, afirmó Rubén Torrado, del Partido de la U.
De acuerdo con el sistema oficial, son cinco funcionarios los que concentran estas deudas, repartidas entre Bogotá y otras ciudades del país.
El listado de los comparendos que generan polémica
El caso más llamativo es el de Juan Carlos Fernández Andrade, director de la Caja de Vivienda Popular, quien encabeza el listado con cuatro comparendos que suman $4.562.356. Entre las infracciones figura una multa por pasarse un semáforo en rojo en Cúcuta por $1.307.252, dos sanciones por conducir sin SOAT por $1.304.617 y $1.296.324 —en una de ellas el vehículo fue inmovilizado— y una más por no tener la revisión técnico-mecánica, por $654.163.
En segundo lugar aparece César Augusto Salamanca Rojas, alcalde local de Suba, con dos comparendos por exceso de velocidad en Bogotá, cada uno por $633.200, para un total de $1.266.400.
También está Fabián Ernesto Ramírez Cruz, alcalde local de Bosa, con una multa en Chía por $718.769, impuesta por estacionar en sitio prohibido.
La lista continúa con Isabelita Mercado Pineda, alta consejera distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, quien registra un comparendo en Cali por $675.311, por no tener al día la revisión técnico-mecánica.
Finalmente, figura Santiago Amador, gerente de ÁGATA, con una multa por $648.381, por exceder la velocidad permitida en Bogotá.
El llamado a dar ejemplo desde el poder
Para el concejal Torrado, más allá del monto, el problema es el mensaje que se envía a la ciudadanía. “Desde el Distrito se debe dar ejemplo. Invito a los funcionarios mencionados a que se pongan al día y sean responsables cuando estén al volante”, reiteró.
El cabildante recordó que el Distrito mantiene campañas permanentes de control, educación vial y cobro coactivo contra ciudadanos que no pagan sus multas, lo que genera inconformidad cuando quienes toman decisiones no cumplen las mismas normas.
Ciudadanía cuestiona la doble vara
La denuncia generó reacciones inmediatas. Para muchos ciudadanos, el malestar no es solo por las infracciones, sino por la sensación de trato desigual. Mientras a un conductor común le embargan cuentas o le bloquean trámites por una deuda, altos funcionarios pueden acumular comparendos sin consecuencias visibles.
La expectativa ahora está puesta en si los funcionarios señalados se pondrán al día y si la administración distrital tomará medidas internas para reforzar el mensaje de legalidad.
Por ahora, el debate quedó abierto en el Concejo y en la calle. Porque si las normas son para todos, el ejemplo también debería empezar desde arriba.