Este miércoles 18 de febrero comenzó con una nueva protesta en Bogotá. Desde tempranas horas del día, un grupo de manifestantes nuevamente hizo presencia en el CAN.
Sindicatos del sector cañero, panelero y de palma, se tomaron las instalaciones del Ministerio de Minas para exigir garantías al Gobierno Nacional sobre el biodiesel y el etanol.
Según se pudo conocer, la intención de los manifestantes es no dejar ingresar a ningún funcionario que intente entrar a cumplir con su jornada laboral, en tanto no haya una respuesta por parte del gobierno.
Una industria al borde del colapso
La protesta es el preámbulo de una gran movilización nacional que traerá a Bogotá, la próxima semana, a miles de trabajadores provenientes del Valle del Cauca, Cauca y Risaralda.
Organizaciones como Sintrainagro, la CUT, la CTC y la CGT, denuncian una situación insostenible: un sobre abastecimiento del 300% en los inventarios nacionales.
Según las cifras entregadas por los líderes sindicales, actualmente hay más de 54 millones de litros de etanol almacenados sin salida comercial.
Este estancamiento no es fortuito; los trabajadores señalan directamente al Gobierno por modificar la metodología para calcular el precio al productor, una medida que, aseguran, favorece las importaciones de etanol subsidiado desde Estados Unidos en detrimento de la industria local.
"Estamos viendo cómo la producción nacional es desplazada por importaciones más baratas mientras nuestras plantas se llenan de producto que nadie compra. Esto no es solo un problema técnico, es una amenaza directa contra 450 mil empleos formales", afirmó Johnson Torres Ortiz, directivo de Sintrainagro y la CUT.
El riesgo social y económico
El suroccidente del país, una región históricamente dependiente de la agroindustria de la caña, enfrenta un riesgo de desestabilización económica sin precedentes.
Los sindicatos argumentan que las dilaciones del Ministerio de Minas y Energía para atender sus propuestas técnicas han agravado la situación, afectando los ingresos laborales y la seguridad energética del país.
A pesar de las mesas de diálogo previas, los trabajadores aseguran que no han recibido respuestas satisfactorias.
Por ello, la toma del Ministerio busca forzar una decisión inmediata que proteja el empleo y la soberanía productiva.
El sector panelero y de la palma también se han sumado a la causa, advirtiendo que la crisis del etanol es solo la punta del iceberg de una política energética que, a su juicio, está dando la espalda al campo colombiano.
¿Qué sigue?
Mientras el bloqueo en el CAN persiste, los preparativos para la llegada de las delegaciones regionales continúan.
Se espera que en los próximos días la capital reciba a contingentes masivos de corteros de caña y trabajadores de plantas procesadoras, quienes aseguran que no levantarán sus jornadas de protesta hasta que se restablezca una fórmula de precios justa y se pongan límites a la importación desmedida.
La seguridad en el sector del CAN se mantiene reforzada, mientras la ciudadanía y los empleados públicos aguardan un pronunciamiento oficial por parte del ministro de Minas ante el cierre total de la entidad.