Los daños ambientales ocasionados por un patio de acopio de carbón en zona rural del municipio de Guachetá, Cundinamarca, podrían tardar hasta 10 años en recuperarse si no se ejecutan acciones de restauración ambiental.
Así lo advirtió la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), tras imponer una medida preventiva de suspensión de actividades por el manejo inadecuado de la operación minera y la ausencia de permisos ambientales.
La decisión se adoptó luego de una visita técnica al predio ubicado en la vereda Pueblo Viejo, el cual, según las verificaciones, sería operado por dos empresas carboneras.
Durante la inspección, los funcionarios constataron que la actividad se desarrollaba sin contar con licencia ambiental ni autorizaciones para emisiones atmosféricas, aprovechamiento forestal o manejo de recursos naturales, incumpliendo la normatividad vigente.
Las afectaciones identificadas comprometen no solo el equilibrio de los ecosistemas locales, sino también la salud y tranquilidad de las comunidades vecinas, que han resultado expuestas a material particulado y a la degradación progresiva de las fuentes hídricas del sector.
Daños ambientales por minería sin licencia en Guachetá
Entre los hallazgos más críticos se encuentra la acumulación de carbón directamente sobre el suelo, distribuida en siete terrazas, lo que provocó el sepultamiento de la capa orgánica y la pérdida de su función ecológica. A esto se sumaron cortes realizados en el terreno natural que modificaron de manera drástica la topografía, incrementando el riesgo de inestabilidad y erosión.
Uno de los impactos más graves fue la intervención sobre el cauce y la ronda de protección hidráulica de una quebrada innominada. Como consecuencia de estas acciones, se evidenció la desaparición de dos lagunas que se encontraban previamente registradas en el aplicativo geoambiental de la CAR. Además, la ausencia de sistemas adecuados para el manejo de aguas de escorrentía ha generado el arrastre de sedimentos, finos y lodos de carbón hacia las fuentes hídricas cercanas.
En materia de calidad del aire, la autoridad ambiental confirmó que la molienda de entre 60 y 80 toneladas de carbón para la producción de coque produce una elevada concentración de material particulado. Las barreras instaladas para mitigar este impacto fueron calificadas como insuficientes, ya que no superan los 2,2 metros de altura, permitiendo que el polvo sea transportado por el viento hacia viviendas y potreros colindantes.
A estos impactos se suma la remoción y tala de bosque nativo para la adecuación de las terrazas. Los residuos vegetales resultantes fueron dispuestos ladera abajo, cubriendo la vegetación existente y profundizando el deterioro ambiental del área intervenida.
¿Cuánto tarda la recuperación ambiental tras daños por minería?
Durante la inspección también se identificó una zona con tanques de combustible instalados directamente sobre el suelo, sin medidas de contención, así como la disposición inadecuada de chatarra y residuos sólidos. Estas condiciones representan un riesgo adicional de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
Frente a este panorama, el director regional de la CAR Ubaté, Julio César Sierra León, explicó que la magnitud del daño sobre la cobertura vegetal y los ecosistemas locales implica un proceso de recuperación prolongado. Según el funcionario, si no se adelanta ningún tipo de intervención, el restablecimiento de los recursos naturales afectados podría tardar aproximadamente 10 años.
Sin embargo, precisó que este periodo podría reducirse a cerca de cinco años si se implementa un plan riguroso de reconformación del terreno, manejo ambiental integral y reforestación con especies nativas, bajo la supervisión de la autoridad competente.
Con la suspensión inmediata de las actividades, la CAR reiteró su compromiso con la protección del medio ambiente y la salud pública en el territorio.
La entidad anunció que continuará con el seguimiento técnico y administrativo del caso y no descartó la imposición de sanciones adicionales, mientras avanza el proceso correspondiente. Entretanto, la medida busca frenar el deterioro ambiental y sentar un precedente sobre la obligatoriedad de cumplir la legislación ambiental en zonas de alta sensibilidad ecológica.