Una nueva alerta ambiental se encendió en Cundinamarca. En zona cercana al páramo de Chingaza, autoridades le pusieron freno a una actividad que estaba poniendo en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del país. La intervención se dio en zona rural de Guatavita, donde se venía realizando explotación de materiales sin cumplir con las normas.
La acción fue liderada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que en medio de sus operativos de control detectó la extracción irregular de recebo y arena en una montaña de la vereda Tominé de Blancos. El terreno intervenido hace parte de un predio donde opera una empresa de parapente, lo que encendió aún más las alarmas por el impacto ambiental.
¿Por qué es grave la minería ilegal en el páramo de Chingaza?
Técnicos de la autoridad ambiental evidenciaron que la explotación se realizaba sin planificación ni diseños técnicos, lo que dejó el terreno inestable y propenso a emergencias. En lugar de contar con terrazas o estructuras de contención, el área presentaba cortes irregulares que facilitan la erosión por lluvia y viento.
Además, se identificó la remoción de cobertura vegetal en cerca de 175 metros cuadrados, con una extracción aproximada de 350 metros cúbicos de material rocoso. Entre las especies afectadas aparecen plantas clave de alta montaña como frailejones (Espeletia grandiflora), puyas y arbustos nativos, fundamentales para la regulación hídrica.
Este tipo de ecosistemas no solo son frágiles, sino estratégicos. El páramo de Chingaza abastece de agua a millones de personas, incluyendo a gran parte de Bogotá, por lo que cualquier intervención sin control puede tener consecuencias graves a mediano y largo plazo.
¿Qué riesgos ambientales genera esta explotación ilegal?
Durante la inspección también se detectaron pendientes superiores a los 45 grados sin ningún tipo de manejo, lo que ya estaba generando caída de rocas y movimientos de tierra. Estas condiciones aumentan el riesgo de deslizamientos, especialmente en temporadas de lluvia o ante eventos sísmicos.
A esto se suma otro problema y es la falta de obras para el manejo de aguas lluvias. Según explicó el director regional de la CAR, no se encontraron zanjas, canales ni sistemas de sedimentación, lo que facilita que residuos y material suelto terminen en quebradas cercanas.
Esto no solo deteriora el suelo, sino que también pone en peligro la calidad del agua, afectando directamente a comunidades y ecosistemas que dependen de estas fuentes.
La zona intervenida, según el análisis técnico, está clasificada dentro del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) del río Bogotá como área de conservación y protección ambiental. Es decir, allí este tipo de actividades están restringidas por su alto valor ecológico.
Con esta medida preventiva, la CAR busca frenar el daño y evitar que continúe la degradación en un territorio clave para la vida. La entidad reiteró que cualquier actividad minera sin permisos no solo es ilegal, sino que deja huellas difíciles de recuperar en ecosistemas de alta montaña.