La paciencia de los habitantes de Soacha llegó al límite. Una acción popular contra TransMilenio S.A. busca poner fin a una situación que consideran injusta y discriminatoria: mientras en Bogotá los usuarios acceden a rutas alimentadoras gratuitas, en Soacha deben pagar doble o hasta triple transporte para llegar al sistema troncal.
El drama del doble pasaje
La denuncia es clara. En Soacha no existe un esquema de rutas alimentadoras gratuito ni integrado. Para un ciudadano promedio, el trayecto hasta la Autopista Sur implica un gasto de $2.400 pesos en transporte interno, más los $3.550 pesos del pasaje de TransMilenio.
Si se suman los trayectos de regreso y los trasbordos, el gasto diario puede superar los $12.000 pesos, una cifra que golpea directamente el bolsillo de trabajadores informales, estudiantes y madres cabeza de hogar. Para muchos, este costo representa un porcentaje significativo de sus ingresos, lo que convierte el simple hecho de movilizarse en un reto económico diario.
¿Subsidios para unos y cobros para otros?
Lo que más indigna a la comunidad es el trato desigual frente a los usuarios de Bogotá. Según el documento jurídico, los más de 100.000 pasajeros diarios de Soacha generan ingresos mensuales superiores a los $12.000 millones de pesos para el sistema. Sin embargo, ese dinero no se traduce en beneficios para el municipio, que sigue sin rutas alimentadoras ni integración tarifaria.
Mientras tanto, en Bogotá el esquema público sí cubre los alimentadores, lo que significa que los usuarios capitalinos acceden a trasbordos gratuitos, mientras los soachunos deben pagar cada tramo por separado. Para los habitantes del municipio, esta diferencia es una muestra de inequidad territorial que perpetúa la idea de que Soacha subsidia indirectamente el sistema de la capital sin recibir un trato justo.
La justicia entra en escena
La acción popular busca que se reconozca el derecho a la igualdad en el acceso al transporte público. Se solicitó una medida cautelar para que TransMilenio implemente de inmediato una integración tarifaria real, que elimine el cobro adicional y permita que los habitantes de Soacha accedan a rutas alimentadoras sin costo extra.
El objetivo es claro: que Soacha deje de ser el “patito feo” del sistema masivo y reciba un trato justo, con tarifas equitativas y cobertura adecuada. Los demandantes insisten en que no se trata de un privilegio, sino de garantizar que el servicio que ya pagan sea completo y digno.
Impacto social y económico
El problema del doble pasaje no es solo un asunto de transporte, sino también de equidad social. Para un trabajador que gana el salario mínimo, gastar más de $300.000 pesos mensuales en transporte significa sacrificar necesidades básicas como alimentación, educación o salud.
Los estudiantes, por su parte, enfrentan un dilema: pagar el transporte o destinar ese dinero a materiales y alimentación. Las madres cabeza de hogar, que suelen tener varios trayectos diarios, son quizá las más afectadas, pues el costo acumulado representa un golpe directo a la economía familiar.
La voz de la comunidad
Los habitantes de Soacha han expresado su inconformidad en redes sociales y en reuniones comunitarias. “Pagamos el mismo pasaje que en Bogotá, pero recibimos menos servicio. Es como si nos cobraran por un producto incompleto”, señaló uno de los líderes vecinales.
La acción popular refleja ese sentir colectivo: la necesidad de que el sistema reconozca que Soacha no es un municipio aislado, sino parte de la dinámica diaria de la capital. Miles de personas viajan todos los días hacia Bogotá para trabajar o estudiar, y el transporte debería responder a esa realidad.
La acción popular marca un punto de quiebre en la relación entre Soacha y el sistema de transporte masivo. Los ciudadanos exigen que el servicio que pagan sea completo, digno y sin discriminación territorial. La justicia tiene ahora la responsabilidad de responder a una demanda que no solo es legal, sino profundamente social.