La mañana en Bosa El Remanso no fue tranquila. Desde temprano, el sector se llenó de tensión por un operativo de desalojo que, según denunció la concejal Heidy Sánchez Barreto, afecta a 98 familias que aseguran haber comprado sus viviendas de buena fe. La situación escaló rápido por la presencia de la UNDMO (antes ESMAD), lo que encendió las alarmas entre la comunidad.
La cabildante aseguró que lo que se vive en el barrio es un drama social y cuestionó la forma como se está ejecutando la diligencia. “En Bosa El Remanso se intenta desalojar a 98 familias con una presencia desproporcionada de la UNDMO, sin consideración por niños y adultos mayores”, señaló Sánchez Barreto, quien llegó al lugar para acompañar a los habitantes.
Tensión en El Remanso: comunidad dice no ser invasora
De acuerdo con la concejal, las familias no son ocupantes ilegales recientes ni invasores. Según su versión, se trata de personas que compraron los predios creyendo que todo estaba en regla y que ahora enfrentan la pérdida de sus casas sin una alternativa clara.
“Se trata de compradores de buena fe. Así responde la administración desplegando fuerza para sacar a toda una comunidad de sus casas, sin ofrecer una salida digna ni un lugar a dónde ir”, afirmó la concejal.
En el sector hay niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, lo que aumentó la preocupación por el uso de la fuerza pública. Vecinos señalaron que el operativo llegó sin una solución concreta de reubicación y con un ambiente de presión que generó temor entre las familias.
Las exigencias de la concejal y el llamado a la Personería
Ante lo ocurrido, Heidy Sánchez Barreto pidió medidas inmediatas. Entre sus solicitudes está la suspensión del desalojo, la presentación de garantías reales de reubicación y el acompañamiento de la Personería de Bogotá para proteger los derechos fundamentales de los afectados.
“No puede ser este el camino frente a un problema social que exige soluciones reales”, insistió la cabildante, quien señaló que sacar a la gente sin alternativas solo profundiza la crisis social en la localidad.
La concejal también cuestionó que el Distrito actúe primero con fuerza y después con soluciones, cuando —según ella— debería ser al revés.
La versión oficial: una orden judicial que debe cumplirse
Desde la Alcaldía Local de Bosa explicaron que la diligencia responde a una orden judicial. Según el comunicado oficial, el desalojo se da en cumplimiento de un fallo de tutela del 25 de septiembre de 2024, emitido por el Juzgado 60 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, y de actuaciones derivadas de un incidente de desacato.
El predio, ubicado en la Carrera 87C No. 74-70 Sur, debe ser restituido a la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. (SOTRANDES S.A.), y la autoridad encargada de ejecutar el procedimiento es la Inspección 7-A de Policía de Paz y Convivencia de Bosa.
El alcalde local, Fabián Ernesto Ramírez Cruz, aseguró que la administración enfrenta un equilibrio complejo entre la ley y la protección de la comunidad.
“Estamos informando a la comunidad que, como consecuencia de un fallo judicial, la diligencia de desalojo deberá realizarse. Como funcionarios públicos, estamos obligados a cumplir las decisiones judiciales”, afirmó.
¿Y las alternativas para las familias?
Desde la Alcaldía Local señalaron que desde 2024 se han realizado mesas interinstitucionales, censos y caracterización poblacional para ofrecer acompañamiento institucional.
“Tenemos dos responsabilidades fundamentales: cumplir las decisiones judiciales y garantizar la menor afectación posible a las personas”, explicó el alcalde local.
Sin embargo, la comunidad insiste en que no hay una solución clara sobre a dónde irán ni bajo qué condiciones serán reubicados. Para muchos, el problema no es solo perder la casa, sino quedar en el aire sin una respuesta concreta.