Una madre identificada como Andrea Torres reportó ante las autoridades un procedimiento de planificación subdérmica realizado a sus hijas de 15 y 16 años en un consultorio de Teusaquillo, Bogotá. De acuerdo con su relato, el profesional habría insertado dispositivos con fecha de vencimiento de 2022 y sin aplicar un protocolo adecuado de esterilización de los instrumentos. La mujer informó que, tras alertar a la Policía, el médico fue trasladado a una unidad judicial para su verificación, y manifestó preocupación por una eventual libertad inmediata del implicado.
Según la versión de Torres, el procedimiento se pactó como servicio particular por $700.000 (dos implantes, a $350.000 cada uno). La madre indicó que pidió revisar los empaques al notar que el médico evitó mostrar las cajas y no explicó el paso a paso del implante. Tras obtener los rótulos, consultó a una médica conocida y luego a personal de salud pública cercano, quienes —dice— le advirtieron que los lotes observados estarían vencidos, por lo que decidió regresar al consultorio y exigir la retiro inmediato de los dispositivos.
Retiro del implante y afectaciones reportadas por la familia
La denunciante afirma que el profesional ofreció devolver el dinero y procedió a retirar los implantes en el mismo consultorio. Sostiene que en ese proceso reutilizó insumos entre una y otra menor, limitándose a limpiar con alcohol y algodón, lo que a su juicio no cumple estándares de esterilidad. La madre dijo que una de las jóvenes presentó desmayo durante la extracción y que, horas después, se registraron náuseas y vómito en la otra, por lo que acudieron a valoración médica y recibieron incapacidad inicial mientras se adelantan exámenes.
Torres agregó que la captura en flagrancia se produjo tras su llamada a la Policía, y que, según le explicaron, el médico sería presentado ante autoridad competente para definir su situación jurídica. La madre expresó inquietud por la posibilidad de que el señalado recupere la libertad de forma temprana, en tanto solicita la intervención de entes de control para verificar las condiciones del consultorio y el cumplimiento de protocolos en la práctica de métodos anticonceptivos.
Qué investigarán las autoridades y qué deben verificar los usuarios
De prosperar la queja, las autoridades podrían indagar por aspectos como: validez de los dispositivos usados, trazabilidad de los lotes, historia clínica, consentimiento informado de la madre y de las adolescentes, y condiciones de bioseguridad en el consultorio. La familia aseguró no conocer otros casos, pero pidió a posibles afectados interponer denuncias formales.
En paralelo, organizaciones de salud suelen recomendar a los usuarios, especialmente en procedimientos para adolescentes, verificar:
- Registro sanitario y fechas (fabricación y vencimiento) en los empaques.
- Cadena de esterilización (materiales descartables o debidamente esterilizados).
- Identidad y tarjeta profesional del prestador y habilitación del servicio.
- Entrega de rótulos del dispositivo y instrucciones de seguimiento.
Mientras avanza el proceso, la prioridad, según la familia, es el seguimiento clínico de las dos jóvenes y la documentación de la evidencia (empaques, fotografías y órdenes médicas) para aportar a la investigación. La madre anunció que insistirá ante los organismos de vigilancia en salud para que se realicen inspecciones al consultorio y se determinen eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Nota del editor: Este contenido se basa en la denuncia de la madre y en lo recogido durante una entrevista radial. El caso está en verificación judicial y administrativa. Si la autoridad sanitaria o el prestador emiten una posición oficial, será incorporada en una actualización. Si fuiste atendido en el mismo lugar y consideras que puedes aportar información, consulta primero con tu EPS o médico tratante y acude a los canales de denuncia establecidos.