La minería ilegal volvió a encender las alarmas en Cundinamarca. Esta vez, seis minas de carbón ubicadas en el municipio de Cucunubá quedaron con orden de cierre luego de que las autoridades ambientales encontraran graves afectaciones al suelo, las fuentes de agua y la vegetación de la zona.
Los hallazgos fueron realizados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) durante varios operativos de inspección en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada. En estos sectores, los funcionarios comprobaron que las explotaciones funcionaban sin los permisos ambientales necesarios y que algunas intervenían terrenos correspondientes a contratos de concesión de terceros.
La situación generó preocupación por los daños ocasionados en ecosistemas estratégicos de la región, especialmente en el área de influencia de la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá.
Ante las irregularidades, la CAR ordenó la suspensión inmediata de las actividades de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones inspeccionados. Asimismo, anunció el inicio de procesos sancionatorios ambientales contra los responsables.
¿Por qué cerraron seis minas de carbón en Cucunubá?
Durante las visitas técnicas, la autoridad ambiental encontró que las explotaciones no contaban con documentos indispensables para operar legalmente. Entre ellos estaban las licencias ambientales, los planes de manejo, las concesiones de agua y los permisos de vertimiento.
Pero la falta de documentación no fue el único problema. Los recorridos permitieron establecer que los trabajos mineros estaban generando daños en diferentes componentes naturales.
En el caso del suelo, los funcionarios evidenciaron la remoción de vegetación y de la capa superficial fértil de la tierra. También encontraron materiales sobrantes de la explotación depositados de manera inadecuada sobre potreros, laderas y zonas con plantas nativas.
Estas intervenciones favorecen la erosión, los deslizamientos y los hundimientos, lo que representa un riesgo para la estabilidad del terreno.
Otro hallazgo tuvo que ver con el manejo de sustancias contaminantes. En las zonas de transporte y las casetas operativas había aceites usados, combustibles y lubricantes dispuestos directamente sobre el suelo. Estos espacios tampoco contaban con superficies impermeabilizadas ni sistemas para controlar posibles derrames.
A esto se sumó la acumulación de chatarra y otros residuos sólidos sin un manejo adecuado.
Laguna de Cucunubá y quebradas estarían entre las zonas afectadas por la minería ilegal
El recurso hídrico fue otro de los puntos críticos identificados durante las inspecciones. Según la CAR, las minas no tenían estructuras suficientes para controlar las aguas de escorrentía, como canales, cunetas y sistemas de sedimentación.
Esta situación facilitaba que los sedimentos y materiales provenientes de los patios de almacenamiento de carbón fueran arrastrados hacia fuentes hídricas y sus rondas de protección.
Entre los cuerpos de agua identificados en el área de influencia se encuentran las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna, que también podrían recibir los impactos de estas actividades.
Adicionalmente, los técnicos encontraron vertimientos relacionados con las explotaciones y el uso de agua extraída mediante bombeo para procesos de coquización, sin contar con la respectiva concesión.
La flora y el paisaje tampoco escaparon a las consecuencias. La apertura de socavones y la construcción de explanaciones ocasionaron la pérdida de vegetación nativa y la fragmentación de sectores de bosque húmedo montano bajo. A esto se sumó la acumulación de materiales mineros que deterioraban el entorno natural.
Minas abandonadas también representaban un peligro
Durante los recorridos, los funcionarios identificaron condiciones de riesgo por la operación antitécnica de algunos socavones y el deterioro de minas abandonadas que podrían presentar derrumbes.
Además, encontraron aprovechamiento clandestino de rocas de protección y cuñas de superficie. La extracción de estos elementos puede debilitar el macizo rocoso y aumentar las posibilidades de movimientos del terreno, con consecuencias tanto para los ecosistemas como para las comunidades cercanas.
Frente a este panorama, Julio César Sierra León, director de la regional CAR Ubaté, confirmó las medidas adoptadas para frenar las actividades.
“Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores y los aplicaremos a demás terceros que resulten responsables, conforme a la normatividad vigente”, afirmó.
Con estas acciones, la Corporación busca detener las afectaciones ambientales ocasionadas por las explotaciones irregulares y reforzar la vigilancia sobre las actividades mineras en la provincia de Ubaté.
La atención ahora está puesta en evitar que continúen los daños sobre los recursos naturales de Cucunubá y que las actividades sin los permisos correspondientes sigan comprometiendo la estabilidad del terreno y los ecosistemas de la región.