En zona rural de Fusagasugá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) volvió a encender las alarmas por prácticas que afectan el equilibrio natural. La autoridad ambiental incautó más de 13 metros cúbicos de madera entre guadua y eucalipto, tras evidenciar intervenciones sin los permisos exigidos por la ley.
Los operativos, adelantados por la Dirección Regional Sumapaz, dejaron al descubierto un aprovechamiento forestal irregular que impactó directamente la estructura ecológica de los predios intervenidos.
¿Por qué la CAR decomisó madera en Fusagasugá?
El primer caso se registró en la vereda Mosqueral, donde se hallaron 11,4 m³ de guadua amarilla, equivalentes a cerca de 400 varas. Aunque inicialmente se informó que se trataba de una poda selectiva, la inspección técnica confirmó una tala no autorizada de la especie Bambusa vulgaris.
Según el reporte oficial, se evidenciaron cortes a ras de suelo y acumulación de material vegetal, lo que generó una reducción considerable en la densidad del guadual. Esta intervención afectó un área aproximada de 72 metros cuadrados, alterando funciones clave como la protección del suelo, el control de la erosión y la regulación del agua.
La directora regional de la CAR, Érika Álvarez, explicó que, pese a tratarse de especies introducidas, estas cumplen un papel esencial en los ecosistemas. La guadua, por ejemplo, aporta a la estabilidad de terrenos, sirve como refugio para fauna y ayuda a conservar coberturas vegetales.
¿Se puede talar un árbol caído en Colombia?
El segundo procedimiento tuvo lugar en la vereda Piamonte, donde fueron incautados 2,1 m³ de eucalipto, transformados en unos 150 postes que serían utilizados para cercar fincas.
Aunque los árboles habían caído por desenraizamiento natural, las personas que realizaban el aprovechamiento no contaban con el permiso forestal ni con el salvoconducto de movilización, requisito obligatorio en estos casos.
La CAR reiteró que, incluso cuando un árbol está caído, su uso debe ser autorizado, ya que sigue cumpliendo funciones ecológicas dentro del entorno, como la protección del suelo y el mantenimiento del equilibrio natural.
En Colombia, la tala de árboles está regulada por el Decreto 1076 de 2015, que establece que cualquier intervención sin autorización constituye un delito ambiental. Además, quienes realicen este tipo de actividades deben cumplir con medidas de compensación, definidas según cada caso por la autoridad ambiental.
Desde la entidad se hizo un llamado a la comunidad para evitar este tipo de prácticas ilegales y acudir a los canales oficiales antes de realizar cualquier aprovechamiento forestal. La protección de los recursos naturales, insisten, es clave para garantizar el bienestar de las futuras generaciones y la sostenibilidad del territorio.