El problema con la sede del SENA de la Calle 13 en Soacha ya no es solo un debate político: llegó a la calle. En la mañana del 19 de marzo, aprendices y estudiantes se cansaron de los comunicados y salieron a manifestarse por lo que consideran una decisión que les encarece el estudio y les pone en riesgo el futuro.
La razón es la misma que viene denunciando el concejal Danny Caicedo: el cierre de la sede por la no firma del comodato, lo que obliga a miles de jóvenes a trasladarse hasta Ciudad Verde o Bogotá, gastando plata que no tienen.
La protesta: “estudiar ahora cuesta más”
Desde temprano, estudiantes del SENA alzaron la voz reclamando que no pueden asumir un gasto extra de hasta $150.000 mensuales en transporte. Para muchos, eso es media quincena, y para otros, la razón para abandonar el estudio.
“Esto es el colmo. Por una decisión administrativa están sacando al SENA y quitándole el futuro a miles de personas”, reiteró el concejal Caicedo, quien ha acompañado a los aprendices desde el inicio del lío.
Según el cabildante, el impacto es gigante:
- 110.000 aprendices quedarían sin certificación
- 10.000 estudiantes de colegios perderían su primer título técnico
- El SENA dejaría de invertir cerca de $400 millones en modernización
El alcalde “Perico” respondió
Horas después de las manifestaciones, el alcalde Julián Sánchez “Perico” salió a pronunciarse y publicó un mensaje aclarando la postura de la administración frente al comodato del SENA.
Según el mandatario, la situación no es tan simple como se ha dicho, y explicó varios puntos clave:
El comodato firmado en 2018 tenía como base un acuerdo municipal que entregaba un terreno en Ciudad Verde para construir la nueva sede del SENA en Soacha.
A petición del propio SENA, el comodato se prorrogó más de seis veces, cinco de ellas durante su gobierno, todas justificadas mientras se ponía en funcionamiento la nueva infraestructura.
El 27 de enero de 2026, el SENA solicitó continuar con el comodato, pero —según el alcalde— sin justificar la necesidad, ya que los hechos que lo motivaban (la falta de sede propia) ya habrían terminado.
La ley de garantías y la finalización del comodato obligaron a la Alcaldía a iniciar procedimientos administrativos, porque —dice el alcalde— así lo exige la ley.
Sánchez aseguró que su gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo y agradeció a las voceras estudiantiles que se acercaron a la Alcaldía para conversar sobre lo ocurrido con el comodato 1244 de 2018.
Además, el alcalde propuso que sean los propios estudiantes quienes abran una mesa directa de trabajo con el director general del SENA, Jorge Eduardo Londoño, para revisar la oferta educativa, la descentralización del servicio y la pertinencia académica en Soacha.
Dos versiones, un mismo problema
Mientras la Alcaldía habla de legalidad, procedimientos y fin del comodato, los estudiantes hablan de plata, distancia y deserción. En el papel, todo suena ordenado; en la vida real, el golpe lo sienten los aprendices.
Como lo dijo Danny Caicedo:
“El SENA no es un edificio, es el mayor pilar de justicia social que tiene Colombia”.
Y ese es el fondo del problema. No se trata solo de un predio o un contrato, sino de quién paga el costo de la decisión. Hoy, ese costo lo están asumiendo jóvenes que solo quieren estudiar sin tener que escoger entre el pasaje o el almuerzo.
La historia sigue abierta
Por ahora, hay protestas, explicaciones y promesas de diálogo. Pero mientras se instalan mesas y se cruzan comunicados, el cierre de la sede sigue en pie y los estudiantes siguen haciendo cuentas.
En Soacha, el mensaje quedó claro en la calle:
la educación técnica no puede depender del bolsillo del estudiante.
Y este capítulo, lejos de cerrarse, apenas comienza.