El manejo de los bienes incautados al crimen abrió un nuevo frente de cuestionamientos. El alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez ‘Perico’, pidió profundizar las investigaciones sobre la administración de activos que estuvieron bajo responsabilidad de la SAE y lanzó un mensaje contundente: “Que se sepa todo, caiga quien caiga”.
El reclamo se sustenta, según la información suministrada por Fedemunicipios, en hallazgos de la Contraloría General de la República relacionados con millonarios recursos, bienes reportados como desaparecidos o con problemas de gestión, además de actuaciones que tendrían posibles incidencias fiscales, disciplinarias y penales.
“Es urgente y necesario continuar con las rigurosas investigaciones. Desde la Presidencia de Fedemunicipios hemos hecho la solicitud formal que nos permita conocer la verdad ante el país de lo que sucedió”, afirmó Sánchez.
$28.000 millones en bienes desaparecidos o mal gestionados
Uno de los datos que encendió las alarmas corresponde a una auditoría de la Contraloría publicada en 2024.
De acuerdo con la información presentada por la Federación Colombiana de Municipios, el organismo de control reportó más de $28.000 millones relacionados con bienes desaparecidos o con fallas de gestión, además de cuatro hallazgos con presunta incidencia penal.
Esto no significa que ya exista una sentencia que establezca que esos $28.000 millones fueron robados. Se trata de hallazgos reportados por organismos de control que deben ser investigados y esclarecidos para determinar eventuales responsabilidades.
A esta cifra se suma otro balance correspondiente a las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025: 22 hallazgos, 11 con incidencia fiscal y 17 disciplinaria, por $8.839 millones.
Entre las situaciones mencionadas aparecen arriendos sin las pólizas correspondientes, subarriendos no autorizados y procedimientos de desalojo cuestionados.
Alcalde de Soacha dice que municipios terminan pagando el problema
Sánchez puso el foco sobre una consecuencia que, según Fedemunicipios, termina trasladándose directamente a las administraciones locales.
Los bienes incautados a organizaciones criminales se encuentran físicamente en diferentes municipios. Cuando esos inmuebles quedan abandonados, son invadidos, se deterioran o pierden control institucional, las alcaldías terminan enfrentando problemas adicionales de convivencia y seguridad.
“Los bienes incautados al crimen están en nuestros territorios. Cuando se pierden, se invaden o se deterioran, son los municipios los que pagan en seguridad y convivencia, y se pierde la oportunidad de que vuelvan a la gente”, manifestó el mandatario.
El reclamo busca que estos activos no terminen convirtiéndose en focos de problemas después de haber sido recuperados de organizaciones delincuenciales.
Fedemunicipios pide revisar contratos y decisiones
La petición no está dirigida solamente a conocer dónde están los bienes cuestionados. Fedemunicipios plantea una revisión exhaustiva de actos administrativos, contratos y procesos de supervisión relacionados con su manejo.
Sánchez pidió avanzar hasta establecer quién tomó decisiones, cómo fueron administrados los activos y si existieron responsabilidades individuales detrás de las irregularidades señaladas.
“Revisar cada acto administrativo, contrato y supervisión es imperativo”, afirmó.
El pronunciamiento también menciona actuaciones de la Fiscalía y el CTI realizadas en septiembre de 2026 en instalaciones de Activos por Colombia en Barranquilla, relacionadas, según la información suministrada, con una investigación por un posible borrado de información durante la transición administrativa.
Será la investigación correspondiente la que determine qué ocurrió con esa información y si existen responsabilidades penales.
“Que se sepa todo, caiga quien caiga”
Las cifras presentadas por Fedemunicipios muestran dos grupos de hallazgos que deben diferenciarse: por un lado están los $8.839 millones correspondientes al balance de las vigencias 2023, 2024 y primer semestre de 2025; por otro, la auditoría publicada en 2024 que reportó más de $28.000 millones en bienes desaparecidos o con fallas de gestión.
Por eso no corresponde simplemente sumar ambos valores y afirmar que todo ese dinero fue robado. Se trata de procesos y hallazgos que requieren investigaciones para establecer qué ocurrió y quién tendría responsabilidad.
La Federación Colombiana de Municipios quiere que esas respuestas lleguen hasta el final.
“Que se sepa todo, caiga quien caiga”, concluyó Julián Sánchez ‘Perico’.
El nuevo reclamo pone así bajo la lupa no solo millones de pesos, sino el manejo de activos que originalmente fueron quitados a estructuras criminales y que, precisamente por esa razón, deberían terminar generando un beneficio público y no convertirse en otro problema para los municipios.