Mientras miles de familias en Cundinamarca esperan mejoras en salud, educación y programas sociales, una economía ilegal les está robando en la cara. El contrabando ya le tumbó al departamento cerca de 80.000 millones de pesos.
El gobernador del departamento, Jorge Rey, prendió las alarmas. Este negocio no para de crecer y ya mueve 1,5 billones de pesos al año en Colombia. Dinero que termina fortaleciendo bandas criminales, dejando botellas adulteradas en las calles y arrasando con recursos que deberían estar en hospitales, escuelas y centros deportivos.
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Cajetillas y botellas entre los productos incautados
En solo ocho meses se incautaron más de 322.000 cajetillas de cigarrillos y 12.700 botellas de licor ilegal. La mayoría entró por pasos clandestinos desde otros países o se movió dentro del país como si nada.
Una parte del licor decomisado ni siquiera es legal: viene adulterado o falsificado, con botellas rellenas y etiquetas piratas. Y lo más grave es que todo esto está llegando a barrios, tiendas, bares y fiestas populares, sin control.
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Operativos y nuevos carros para frenar este delito
Las autoridades no se han quedado quietas. Ya van más de 500 operativos en diferentes municipios, liderados por el Grupo Especial contra el Contrabando de la Secretaría de Hacienda, con apoyo de la Policía de Cundinamarca, la de Soacha, Bogotá y la Policía Fiscal y Aduanera.
También pusieron en marcha dos camionetas nuevas para patrullajes más rápidos y cobertura en zonas donde antes no llegaban. Con esto buscan apretar el cerco, frenar la entrada de mercancía ilegal y hacerle la guerra a una economía que se está tragando vivo al departamento.
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Así es como entra la mercancía ilegal y termina en las manos de cualquiera
El contrabando de licor y cigarrillos es la entrada y venta de estos productos por fuera de los canales legales. Muchos vienen desde otros países o se movilizan entre departamentos sin control fiscal.
Este negocio ilegal pone en riesgo la salud de quienes consumen productos adulterados o de dudosa procedencia, y al mismo tiempo afecta gravemente las finanzas públicas. Cada cajetilla o botella de contrabando que se vende le quita recursos clave a servicios como la salud, la educación o la seguridad.
Además, este delito fortalece redes criminales organizadas, que lo usan para financiar otras actividades ilegales. El impacto no es solo económico, también es social y de seguridad ciudadana.