El abogado Julián Quintana, representante de la familia de Valeria Afanador, informó en Alerta 104.4 FM que radicó ante la Fiscalía una solicitud de imputación de cargos dirigida a la rectora y a dos docentes del colegio campestre Los Laureles, en Cajicá. La petición se fundamenta en la tesis de posición de garante: quienes asumen el cuidado de menores de edad tienen el deber jurídico de protección, de modo que su omisión podría derivar en responsabilidad penal por el resultado investigado.
De acuerdo con el análisis de entrevistas, inspecciones, videos e informes periciales incorporados en la carpeta, la representación de víctimas sostiene que hay elementos para que se examine la responsabilidad de la rectora, de la profesora de inglés y del docente de educación física en relación con la seguridad, cuidado y vigilancia de la estudiante el día de los hechos. La defensa indica que, al momento de la visita a la Fiscalía, fue convocada a una reunión para la revisión técnica de la solicitud.
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Responsabilidad escolar y seguridad infantil
La hipótesis de la parte civil insiste en que el plantel presentaba vulnerabilidades físicas. Según su reconstrucción, la reja por donde se habría producido la salida de la menor tenía aberturas y huecos con segmentos de polisombra deteriorados, sobre los cuales —afirman— había antecedentes y reportes de padres de familia. En esa línea, se plantea que el colegio debía garantizar controles y mantenimiento que mitigaran riesgos previsibles de fuga o ingreso de terceros.
Respecto del seguimiento en aula, la profesora de inglés —quien era además directora de curso— tenía asignada clase hasta las 10:15 a. m. La desaparición fue fijada alrededor de las 9:50 a. m., lo que, para la parte civil, exige verificar protocolos de verificación de asistencia, búsqueda inmediata y reporte. En el caso del docente de educación física, se pide contrastar su actuación frente a la presencia de Valeria en el cuarto de implementos, por fuera del horario de recreo, y las acciones de alerta adoptadas.
La investigación penal mantiene abiertas dos rutas: la posibilidad de intervención de un tercero o un desenlace asociado a fallas de control interno. En el expediente se menciona un video en el que una funcionaria de policía judicial habría registrado la sombra de una tercera persona detrás de una malla; este punto fue remitido para verificación y corroboración.
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Julián Quintana y la solicitud ante la Fiscalía
La solicitud plantea que, de confirmarse la omisión en los deberes de cuidado, las directivas y docentes señalados deberían responder por homicidio bajo la modalidad que determine la Fiscalía, a la luz de la posición de garante. La representación informó que el 21 se radicó el escrito y el 22 se sostuvo una reunión presencial con directivos y la fiscal del caso para evaluar los argumentos y soportes.
En el frente administrativo y ambiental, se recuerda que la CAR se pronunció recientemente sobre el colegio Los Laureles por presuntas ocupaciones en zona de ronda del río Frío, lugar donde fue hallada la menor tras 18 días de búsqueda. La institución educativa indicó que las clases no se suspenden y que la CAR no tiene competencia para ordenar esa medida, por lo que cualquier decisión sobre continuidad académica corresponderá a las autoridades con facultad normativa.
La emisora reitera a la audiencia los canales de seguimiento en TIC: @AlertaBogotá en TikTok y en sus plataformas del Sistema de Emisoras Populares, desde donde se actualizará el avance de la audiencia de imputación en caso de ser programada. La defensa señaló que, si la Fiscalía acoge la tesis de la representación de víctimas —o una línea similar—, el siguiente paso procesal sería la imputación.