Colados en Transmilenio

Envían a la cárcel a mujer señalada de atacar con químico a vigilante en TransMilenio

La agresión ocurrió cuando la vigilante intentó impedir que la atacante se colara en la estación San Mateo de TransMilenio.

Policía de Soacha Cárcel para mujer que atacó con agente químico a vigilante de TransMilenio en Soacha

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer de 21 años, señalada como la presunta responsable de una agresión contra una funcionaria de seguridad del sistema de transporte masivo TransMilenio.

El incidente, ocurrido en la estación San Mateo, reavivó la preocupación por la vulnerabilidad del personal operativo y los niveles de intolerancia asociados a la evasión del pago del pasaje.

Los hechos se desencadenaron cuando la vigilante de turno detectó que la joven intentaba ingresar al sistema de manera irregular, evadiendo la validación de su tarjeta.

Al ser requerida por la funcionaria para que cumpliera las normas de acceso, la agresora reaccionó violentamente y arrojó una sustancia líquida al rostro de la trabajadora.

Aunque las versiones iniciales señalaban el uso de agua caliente, la severidad de las quemaduras y la reacción inmediata en el tejido cutáneo llevaron a las autoridades a presumir que se trató de un producto corrosivo o un agente químico de alta peligrosidad.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los especialistas evalúan el impacto de las lesiones en su rostro, factor que será determinante para la tipificación final del delito y la tasación de la condena.

Captura y proceso judicial

La intervención de las autoridades en el lugar fue inmediata. Uniformados de la Policía Metropolitana que realizaban labores de control en el portal lograron la captura en flagrancia de la presunta atacante.

Tras ser puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, se le imputaron cargos por lesiones personales con agentes químicos, un delito que en la legislación colombiana conlleva penas severas por el daño físico y psicológico que suelen causar este tipo de ataques.

Durante la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, el juez consideró que la gravedad del comportamiento y el riesgo para la sociedad justificaban la medida de aseguramiento intramural mientras avanza la investigación y se determina la sentencia definitiva.

Reacción de TransMilenio

La empresa gestora del sistema emitió un pronunciamiento oficial rechazando categóricamente el acto de violencia.

A través de un comunicado, TransMilenio lamentó la agresión sufrida por su colaboradora y enfatizó la necesidad de proteger la integridad de quienes trabajan en la primera línea de operación de las estaciones.

“Rechazamos de manera categórica todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad, y hacemos un llamado respetuoso pero contundente a la ciudadanía para evitar este tipo de comportamientos que afectan la convivencia y la integridad de quienes hacen parte del Sistema”, manifestó la entidad.

Asimismo, la empresa confirmó que brinda acompañamiento a la guardia de seguridad afectada y reafirmó su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención en los puntos críticos del sistema, especialmente en zonas donde la evasión del pago es más frecuente y suele derivar en confrontaciones físicas.

Este episodio de violencia volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las garantías de seguridad para el personal de vigilancia y atención al usuario.

Según expertos en movilidad y seguridad ciudadana, la reiteración de estos ataques evidencia una vulnerabilidad estructural en los protocolos de protección dentro de las estaciones.

La problemática de los denominados "colados" ha pasado de ser un asunto meramente financiero a convertirse en un foco de inseguridad física tanto para empleados como para usuarios.

Finalmente, TransMilenio reiteró el llamado a la cultura ciudadana, instando a los habitantes a adoptar comportamientos que promuevan la convivencia y el respeto por el personal del sistema, y subrayó que ninguna diferencia administrativa justifica el uso de la violencia física o el empleo de sustancias peligrosas contra otras personas.