En entrevista con Alerta Bogotá 104.4 FM, Marcela Triana, hermana de Juan David Triana, asesinado en julio de 2023 en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, reveló nuevos detalles sobre el proceso judicial y cuestionó el preacuerdo que reduciría la pena de la principal implicada a 8 años de cárcel.
Triana explicó que la negociación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contempla la aceptación de cargos por homicidio agravado, tortura y utilización de menor de edad. También indicó que la decisión ha generado inconformidad en su familia, que considera muy poca la pena frente a la gravedad de los hechos.
Preacuerdo por homicidio en Bogotá reduce la pena a 8 años
Durante la entrevista, la hermana de la víctima aseguró que la Fiscalía ya habría avanzado en el acuerdo con la expareja de su hermano. "La Fiscalía nos muestra que ya llegó a un acuerdo con ella, que va a aceptar los cargos, los cuales incluyen tortura y utilización de menores, porque ella utiliza a la hermana para que la ayude a matar a mi hermano, y homicidio agravado. Llegan a un acuerdo en el que va a estar solamente 8 años en la cárcel y se le impondrá una multa", contó.
También indicó que el otro señalado, identificado como la actual pareja de la acusada y funcionario activo del INPEC, aceptó cargos mediante un preacuerdo que fijaría una pena de 10 años de prisión.
En la entrevista, cuestionó la decisión de las autoridades judiciales frente a la negociación. "Yo entiendo que ella tiene el derecho de hacer un preacuerdo y este hombre también tiene derecho a hacer un preacuerdo, pero no pueden pasar sobre nosotros y hacer este atropello en contra de nosotros, que somos las víctimas que perdimos a mi hermano", expresó.
Implicada salió de la cárcel por vencimiento de términos
En la entrevista, la familiar también se refirió a la situación jurídica de los implicados. Indicó que la principal acusada quedó en libertad el 3 de marzo de 2026 por vencimiento de términos.
"Esta mujer la capturan el 24 de agosto de 2024, pero ahora está libre; salió el 3 de marzo por vencimiento de términos, por negligencia del juzgado y de la fiscalía, porque ellos sabían, son los que saben que existe ese vencimiento de términos y demás", afirmó.
Asimismo, señaló que el funcionario del INPEC continúa en ejercicio de sus funciones mientras avanza el proceso, debido a la ausencia de una condena en firme: "Me manifestaron que él estaba en un proceso y que hasta que no se demostrara que era culpable (...) Entonces, él podía seguir ejerciendo su cargo y continuar como si nada".
La familia manifestó su intención de oponerse al preacuerdo. Según explicó, han intentado comunicarse con el fiscal del caso sin obtener respuesta directa. "El fiscal simplemente me dijo que decida un juez", relató.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades judiciales para revisar la negociación en curso. "Yo intenté acercarme al fiscal, el fiscal no me quiso atender; el fiscal simplemente me dijo que decidiera un juez, lo cual también me parece una respuesta totalmente inepta", expresó.
Hechos de julio de 2023
Los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2023, cuando la expareja de la víctima lo citó a su vivienda con el argumento de llevar a la hija de ambos al jardín.
Marcela Triana explicó que, tras cumplir con esa diligencia, su hermano regresó a la casa y posteriormente fue atacado. "Después de llevar a la niña al jardín, mi hermano regresa nuevamente a esa casa con ella y, dos horas después, mi hermano sale acribillado de esa casa", indicó, señalando que en el hecho también habrían participado la nueva pareja de la mujer y una menor de edad.
La familia sostiene que inicialmente se planteó una versión de defensa personal, pero que esta fue descartada en el desarrollo del proceso. "Logramos comprobar que mi hermano jamás lastima a nadie (…) mi hermano fue engañado", afirmó.
Agregó que el dictamen de Medicina Legal evidenció múltiples heridas en la cabeza, el rostro y el cuello, lo que sustenta la hipótesis de que el ataque ocurrió dentro de la vivienda.
El caso continúa en etapa de definición judicial y se mantiene bajo seguimiento, a la espera de la decisión que adopte un juez frente al preacuerdo planteado por la Fiscalía.