Este viernes 19 de diciembre, el gobierno sorprendió a los colombianos con una nueva medida que impactaría la economía nacional, a pocos días de finalizar el año. El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, confirmó que se anunciará emergencia económica en el país.
Según aseguran desde el gobierno, la decisión fue tomada "luego de que el Congreso de la República hundiera la ley de financiamiento, con la que se buscaba recaudar cerca de 16 billones de pesos para cubrir el déficit fiscal y garantizar la financiación del Presupuesto General de la Nación para 2026".
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¿Qué significa la declaración de emergencia económica?
La emergencia económica es una figura que se activa cuando el país enfrenta una situación grave que amenaza la estabilidad económica, social o ambiental. En estos casos, el presidente, junto con todos sus ministros, firma un decreto especial que le permite tomar decisiones rápidas para atender la crisis. Esta medida no es permanente: tiene una duración inicial de 30 días y solo puede extenderse si el Congreso da su aval.
En la teoría, el Gobierno puede actuar con mayor agilidad para proteger a la población. Entre sus alcances está la posibilidad de regular precios y salarios, reorganizar el uso de los recursos públicos y dirigir el dinero hacia sectores que necesitan atención inmediata. El objetivo central es evitar que la crisis se agrave y asegurar la continuidad de los programas sociales.
Gobierno Petro alista nueva reforma tributaria
El borrador del decreto de emergencia económica plantea cambios en materia de impuestos que empezarían a aplicarse en 2026. Uno de los puntos que más llama la atención es el ajuste al cobro que se hace por cada movimiento bancario, que subiría un punto y pasaría del 4x1.000 al 5x1.000. La propuesta hace parte de un paquete de medidas con el que el Gobierno busca obtener más recursos.
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El texto también incluye un nuevo cobro dirigido a las empresas con mayor capacidad económica. Se trata de un impuesto sobre los bienes que poseen las personas jurídicas y las sociedades que posean patrimonios iguales o superiores a 40.000 UVT al 1 de enero de 2026.
¿Cómo impactaría el bolsillo de los ciudadanos?
Uno de los puntos que más preocupación generó en los ciudadanos, fue el aumento en los impuestos sobre las transacciones financieras. Actualmente, por cada mil pesos que se muevan de una cuenta bancaria, se debe apagar un valor del 0.4 % de la transacción.
Sin embargo, en caso de oficializarse la nueva medida del gobierno, dicho monto pasaría a ser del 0.5 %. En ese sentido, si una persona por hacer el depósito de un millón de pesos actualmente paga $4.000 por el impuesto, a partir del próximo año tendría que pagar $5.000 por transacción, independientemente si se trata de un retiro, envío o transferencia entre cuentas.
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Si bien en este ejemplo no se habla de una cifra tan elevada (la diferencia son $1.000 entre un caso y otro), hay que tener en cuenta que la cifra a pagar en transferencias mucho más altas, sí podría significar un impacto más considerable.
Otras medidas que traería la reforma
El borrador del decreto de emergencia económica también pone la lupa sobre varios impuestos que afectan el consumo cotidiano y algunas actividades específicas.
Otro de los puntos incluidos es el cobro del IVA a los juegos de azar que funcionan únicamente por internet. Según el documento, el impuesto se aplicaría desde el momento en que el usuario hace un depósito en dinero para participar. Con esta medida, el gobierno busca que estas plataformas, cada vez más populares, aporten de manera similar a otros sectores que ya pagan este tipo de impuesto.
En cuanto a las bebidas alcohólicas, el borrador propone ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos y productos similares a partir de 2026. El cobro tendría dos partes: una fija, según el grado de alcohol del producto, y otra proporcional al valor del licor.
El texto también contempla incrementos en los impuestos al consumo de cigarrillos y otros productos derivados del tabaco. El cobro se haría tanto por unidad, como en el caso de las cajetillas, como por peso en productos como la picadura. A esto se suma un porcentaje adicional sobre el precio final al público. En la misma línea, los vapeadores y sistemas electrónicos con nicotina tendrían un impuesto específico por su contenido y otro basado en su valor comercial.
Por último, el borrador crea un impuesto especial enfocado en la estabilidad fiscal, que recaería sobre la primera venta o exportación de carbón y petróleo crudo. Este gravamen sería del 1% y, según el Gobierno, los recursos obtenidos se usarán exclusivamente para cubrir los gastos del Estado asociados a la emergencia económica.